José Luis Jara
Mes de septiembre, sí, mes de la patria.
Pero también es el mes acostumbrado para los informes de alcaldes, gobernadores y sobre todo de presidente de la República.
El último ya pasó, donde los mexicanos –que tuvimos el atrevimiento de hacerlo- presenciamos una clase más de la ficción mexicana, donde el presidente le voló la barda a novelas infantiles, con un informe del país de las maravillas o del nunca jamás.
Pero el que sigue en importancia en Sonora, es el informe que debe ofrecer el gobernador Eduardo Bours, donde es imposible descartar que los números que se manejen el próximo 16 de septiembre, se muevan en una dinámica marcada por la mercadotecnia para cacaraquear más huevos de los que se tienen.
En este sentido, vale la pena hacer una revisión de hechos –más que palabras- ocurridos a lo largo de este primer año de gobierno, donde las habas que se han cocido son ejemplos para el anecdotario nacional.
En el caso del cumplimiento y respeto a las leyes, se puede mencionar el caso Sonora como un ejemplo nacional si partimos del hecho de que el gobierno del estado tiene un gabinete con varios de sus elementos que tuvieron o tienen problemas con la ley.
Empezando con el número no, el gobernador, se encuentra involucrado en el caso Pemexgate y la acusación que tendrá que enfrentar en la corte de Miami por supuesto fraude en la venta de Del Monte.
Incluso, Eduardo Bours ya tuvo la visita del representante legal de los accionistas de la empresa que lo demandaron por presunta corrupción en la venta de la empresa en la que el mandatario estatal se habría beneficiado con 321 mil dólares “por su destacada negociación”.
Es el caso del secretario de gobierno, Bulmaro Pacheco, a quien se le vino encima la demanda del ex delegado del ISSSTE, Urbano Limón por daño patrimonial en el caso de la demanda de fraude por parte de profesores de Hermosillo, Obregón y Nogales.
El mismo gobernador quien enfrenta un juicio en una corte de Estados Unidos por supuesto fraude en la venta de Del Monte Fresh.
Y no se diga de la “politizada” demanda que se derivó por las declaraciones de Reynaldo Millán en la revista Proceso, cuando señaló la existencia de despachos divinos donde se llevan casos de defensa de narcotraficantes. Y la contundencia se dio porque aportó nombres y apellidos.
Señaló al subprocurador de Justicia del Estado, Abel Murrieta; el director jurídico del Gobierno del Estado, Wenceslao Cota Montoya y el subsecretario A de Gobierno, Guillermo Silva. Y los señaló en medio de una ola de violencia protagonizado por el narco, en sus ajustes de cuentas y dominio de plazas.
Sumamos el caso del procurador general de justicia, Rubén Díaz Vega, quien se encuentra acusado en un caso de ventas de terrenos en Puerto Peñasco, se empieza a configurar un gabinete de indiciados, encabezados por el gobernador Eduardo Bours.
Ahora, en la época del informe vamos a ver si se ponderan los resultados de estos casos, poner en la balanza la frase de que “Nadie por encima de la ley” y esperar el juicio ciudadano.
El detonador de los focos
En lo social, Eduardo Bours se ha convertido en uno de los principales detonadores de los conflictos sociales que se han generado en el estado.
El primero de ellos ocurrió con la aplicación del famoso programa de redimensionamiento, donde despidió a centenares de burócratas.
Incluso, desde otra perspectiva, la manera de cómo el gobernador aplicó este plan para despedir a la gente, ha sido ejemplo nacional: utilizó al Congreso del Estado para aprobar la ley de presupuestos de este año, donde se suspendieron recursos para gasto corriente y, por la vía legislativa, sin tomar en cuenta la ley laboral, se puso en la calle a cientos de burócratas.
Otro foco rojo que surgió es el caso de los mineros retirados de la mina de Cananea, quienes a final de cuentas lograron el acuerdo de que se les pagará el famoso 5 por ciento de las acciones que se pactaron en la privatización del mineral.
Pero el foco se encendió cuando el gobierno del estado le dio una salida de barandilla a la demanda social y legal: encarceló a tres de los dirigentes de este movimiento y con ello, encendió los ánimos de la gente involucrada en la demanda.
Mucho ojo
Y por último, se encuentra la famosa mega inversión de unos mil millones de dólares para la construcción de una planta regasificadora de gas natural licuado en Puerto Libertad, bajo la protección de un convenio que firmaron el Gobierno del Estado y la empresa estadounidense DKRW para crear la empresa Sonora Pacific.
El caso es que los directivos de DKRW son señalados que estuvieron involucrados en el caso del megafraude de la empresa Enron en Estados Unidos y un ex funcionario de Bush.
Se habla de los señores Jon C. Doyle que fue presidente de la compañía IES y a partir de 1996 trabajó en la empresa texana Enron donde se mantuvo hasta 1999, año en que reventó la crisis en esa compañía.
Dentro de la empresa de servicios de energía, Doyle fue el responsable a nivel mundial de los trabajos relacionados con energía renovable, posteriormente instaló y manejó una empresa química en China para NCH Corporation.
El segundo directivo de la firma es Tom White, que fungió como secretario de la Armada en la actual Administración Bush en donde se mantuvo en el periodo de 2001 y 2002 y es egresado de la Academia Militar de Estados Unidos USMA y de la Escuela Naval.
El tercer socio de la firma es David Ramm, otro egresado de la USMA, con un master en el MIT y una MBA; trabajó en la compañía IES y entre 1997 y 2000 prestó servicios en Enron como presidente de Enron Wind Corporation.
Finalmente está Robert C. Kelly otro militar de la USMA aunque éste con posgrado de Harvard. Fue presidente de Enron Cogeneration Company y copresidente de Amoco/Enron solar.
Ya con este anecdotario, es lógico concluir que el informe oficial del 16 de septiembre no se ajustará a estos eventos, donde seguramente se tratará de entregarnos espejitos en lugar del oro de nuestras riquezas.
Mes de septiembre, sí, mes de la patria.
Pero también es el mes acostumbrado para los informes de alcaldes, gobernadores y sobre todo de presidente de la República.
El último ya pasó, donde los mexicanos –que tuvimos el atrevimiento de hacerlo- presenciamos una clase más de la ficción mexicana, donde el presidente le voló la barda a novelas infantiles, con un informe del país de las maravillas o del nunca jamás.
Pero el que sigue en importancia en Sonora, es el informe que debe ofrecer el gobernador Eduardo Bours, donde es imposible descartar que los números que se manejen el próximo 16 de septiembre, se muevan en una dinámica marcada por la mercadotecnia para cacaraquear más huevos de los que se tienen.
En este sentido, vale la pena hacer una revisión de hechos –más que palabras- ocurridos a lo largo de este primer año de gobierno, donde las habas que se han cocido son ejemplos para el anecdotario nacional.
En el caso del cumplimiento y respeto a las leyes, se puede mencionar el caso Sonora como un ejemplo nacional si partimos del hecho de que el gobierno del estado tiene un gabinete con varios de sus elementos que tuvieron o tienen problemas con la ley.
Empezando con el número no, el gobernador, se encuentra involucrado en el caso Pemexgate y la acusación que tendrá que enfrentar en la corte de Miami por supuesto fraude en la venta de Del Monte.
Incluso, Eduardo Bours ya tuvo la visita del representante legal de los accionistas de la empresa que lo demandaron por presunta corrupción en la venta de la empresa en la que el mandatario estatal se habría beneficiado con 321 mil dólares “por su destacada negociación”.
Es el caso del secretario de gobierno, Bulmaro Pacheco, a quien se le vino encima la demanda del ex delegado del ISSSTE, Urbano Limón por daño patrimonial en el caso de la demanda de fraude por parte de profesores de Hermosillo, Obregón y Nogales.
El mismo gobernador quien enfrenta un juicio en una corte de Estados Unidos por supuesto fraude en la venta de Del Monte Fresh.
Y no se diga de la “politizada” demanda que se derivó por las declaraciones de Reynaldo Millán en la revista Proceso, cuando señaló la existencia de despachos divinos donde se llevan casos de defensa de narcotraficantes. Y la contundencia se dio porque aportó nombres y apellidos.
Señaló al subprocurador de Justicia del Estado, Abel Murrieta; el director jurídico del Gobierno del Estado, Wenceslao Cota Montoya y el subsecretario A de Gobierno, Guillermo Silva. Y los señaló en medio de una ola de violencia protagonizado por el narco, en sus ajustes de cuentas y dominio de plazas.
Sumamos el caso del procurador general de justicia, Rubén Díaz Vega, quien se encuentra acusado en un caso de ventas de terrenos en Puerto Peñasco, se empieza a configurar un gabinete de indiciados, encabezados por el gobernador Eduardo Bours.
Ahora, en la época del informe vamos a ver si se ponderan los resultados de estos casos, poner en la balanza la frase de que “Nadie por encima de la ley” y esperar el juicio ciudadano.
El detonador de los focos
En lo social, Eduardo Bours se ha convertido en uno de los principales detonadores de los conflictos sociales que se han generado en el estado.
El primero de ellos ocurrió con la aplicación del famoso programa de redimensionamiento, donde despidió a centenares de burócratas.
Incluso, desde otra perspectiva, la manera de cómo el gobernador aplicó este plan para despedir a la gente, ha sido ejemplo nacional: utilizó al Congreso del Estado para aprobar la ley de presupuestos de este año, donde se suspendieron recursos para gasto corriente y, por la vía legislativa, sin tomar en cuenta la ley laboral, se puso en la calle a cientos de burócratas.
Otro foco rojo que surgió es el caso de los mineros retirados de la mina de Cananea, quienes a final de cuentas lograron el acuerdo de que se les pagará el famoso 5 por ciento de las acciones que se pactaron en la privatización del mineral.
Pero el foco se encendió cuando el gobierno del estado le dio una salida de barandilla a la demanda social y legal: encarceló a tres de los dirigentes de este movimiento y con ello, encendió los ánimos de la gente involucrada en la demanda.
Mucho ojo
Y por último, se encuentra la famosa mega inversión de unos mil millones de dólares para la construcción de una planta regasificadora de gas natural licuado en Puerto Libertad, bajo la protección de un convenio que firmaron el Gobierno del Estado y la empresa estadounidense DKRW para crear la empresa Sonora Pacific.
El caso es que los directivos de DKRW son señalados que estuvieron involucrados en el caso del megafraude de la empresa Enron en Estados Unidos y un ex funcionario de Bush.
Se habla de los señores Jon C. Doyle que fue presidente de la compañía IES y a partir de 1996 trabajó en la empresa texana Enron donde se mantuvo hasta 1999, año en que reventó la crisis en esa compañía.
Dentro de la empresa de servicios de energía, Doyle fue el responsable a nivel mundial de los trabajos relacionados con energía renovable, posteriormente instaló y manejó una empresa química en China para NCH Corporation.
El segundo directivo de la firma es Tom White, que fungió como secretario de la Armada en la actual Administración Bush en donde se mantuvo en el periodo de 2001 y 2002 y es egresado de la Academia Militar de Estados Unidos USMA y de la Escuela Naval.
El tercer socio de la firma es David Ramm, otro egresado de la USMA, con un master en el MIT y una MBA; trabajó en la compañía IES y entre 1997 y 2000 prestó servicios en Enron como presidente de Enron Wind Corporation.
Finalmente está Robert C. Kelly otro militar de la USMA aunque éste con posgrado de Harvard. Fue presidente de Enron Cogeneration Company y copresidente de Amoco/Enron solar.
Ya con este anecdotario, es lógico concluir que el informe oficial del 16 de septiembre no se ajustará a estos eventos, donde seguramente se tratará de entregarnos espejitos en lugar del oro de nuestras riquezas.
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