Desde que Armando López Nogales quedó al frente de la secretaría del consejo Político Nacional del PRI, la embestida de Bours contra el ex gobernador sospechosamente se paró. El mismo gobernador dijo a los reporteros que prefiere mirar padelante, no patrás.
José Luis Jara
Al gobernador Eduardo Bours le encantan las cámaras. Se deja entrevistar, se deja querer por los reporteros, a quienes saluda hasta por el sobrenombre y con un grito muy sonorense.
Así es él. Declara en las ruedas de prensa y –ni se diga- en las banquetas. Llegó como el dueño de la pelota, los guantes y el bat.
Pero detrás de sí, Bours Castelo viene arrastrando una cortina de polvo donde se ocultan sus antecedentes nada agradables para el gobernador extraído del PRI.
En el olvido pretende dejar los grandes negocios que realizó Eduardo Bours, cuando era el dirigente del Consejo Nacional Agropecuario, con los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León como fue la famosa creación del “Barzón de los ricos”, que degeneró posteriormente en el famoso Fobaproa.
Como archivo muerto también quiere dejar su participación en el famoso caso del Pemexgate, cuando fue el encargado de los ingresos para invertir en la campaña de su amigo Francisco Labastida Ochoa, por la Presidencia de la República.
Y mucho menos, quiere dejar enterrado la manera en que conquistó la gubernatura: con dinero y mucho más dinero, sobrepasándose a la ley en los topes de campaña y un operativo que nadie se atreve a cuestionar, donde el 6 de julio se convirtió en los hechos, en el día del mapache electoral.
Y cuando Bours Castelo llegó a los dos meses de su administración, desde Miami se le recordó otro antecedente: se le invitó a declarar como testigo ante la corte de Estados Unidos por el caso de la venta de Del Monte en 1996.
Las pifias como gobernador
Ya como gobernador, la cosecha de errores ha convertido a las pifias en la moda gubernamental.
La primera de ellas se dio a unas horas de asumir el poder: la sospechosa rapidez con que actuó la Procuraduría de Justicia para detener al alcalde electo de Benito Juárez.
La segunda, con en el nombramiento del representante de las personas con discapacidad en el consejo del DIF.
La persona electa de inmediato fue acusada de fraude y el Gobierno del Estado tuvo que recular. El secretario de Gobierno, Bulmaro Pacheco Moreno se vio en la necesidad de actuar para evitar la primera manifestación pública contra el gobernador Bours y negoció con ellos un nuevo nombramiento.
La tercera se dio con el caso del dengue. La más grave porque aquí se involucra la salud de centenares de personas, sobre todo del sur del Estado, a quienes la fracción cuarta del Artículo Cuarto de la Constitución Política de México viene siendo un reclamo popular y no un derecho constitucional.
La cuarta y que le provocó abrir un frente de batalla con el viejerío –como lo dijo Diego Fernández de Cevallos al referirse a las organizaciones de mujeres- fue cuando trató de vetar la publicación de la Ley 151, a pesar de que no tiene facultades para ello.
El veto lo retiró y Bours Castelo respondió que “si esa ley es la que quieren, con esa me quedo”.
La quinta se dio con unas declaraciones que hizo el gobernador sobre la eliminación de las diputaciones plurinominales, donde habló pensando que eso lo iba a impulsar en el Congreso del Estado, cuando ese caso sólo lo pueden resolver los diputados federales.
La sexta, cuando se sumó a la propuesta de la diputada federal del PRI, Elba Esther Gordillo, para que se aplique IVA a alimentos y medicinas.
La séptima ocurrió cuando el gobernador Burs y Bulmaro Pacheco firmaron unos documentos para solicitar dos créditos, que a final de cuentas se los aprobaron. La pifia fue que por la falta de oficio y de formalidad jurídica, las peticiones las hicieron mal y los diputados la tuvieron que devolver al ejecutivo para la corrección de los errores.
Ya con esta pifia, la sospecha de quién es el responsable de tantos errores creció a niveles sospechosos: Si la culpa era del gobernador o de sus asesores que no le advierten de las cosas.
Y la última pifia, fue por reincidencia, en el caso del dengue. El Congreso del Estado volvió a citar al secretario de salud a que informara a la Comisión de Salubridad sobre los avances del combate al dengue.
Pero el estilo del Gobierno del Estado fue el mismo de su gobernador: opacar las denuncias con informes del secretario de Salud.
Los frentes abiertos
A los días en que Eduardo Bours llegó a la gubernatura empezó con problemas con el Poder Legislativo. Pretendió vetar la publicación de una ley aprobada por la legislatura anterior y por la mayoría de los cabildos sonorenses.
Se trató de la Ley 151 que se encuentra relacionada con reformas electorales para Sonora relacionadas con los derechos de equidad y de género en la vida política, una profundización de la ciudadanización del Consejo Estatal Electoral y que le quita la facultad al Congreso del Estado a calificar la elección del gobernador, entre otras.
El diputado perredista Jesús Bustamante Machado puntualizó que la acción de Bours Castelo de no publicar una ley aprobada por el Congreso y por la mayoría de los cabildos de los municipios sonorenses, significa un rompimiento del orden constitucional.
La historia de la acción ilegal del actual gobernador inició el 29 de septiembre pasado. Ese día, tanto el gobernador como su secretario de gobierno, Bulmaro Pacheco Moreno enviaron un oficio al congreso del Estado donde señalan que “me permito hacer puntual devolución de la misma sin publicar”.
Hablan de la ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, misma que envió la legislatura anterior al gobierno del estado para su publicación.
Esta ley ya había sido aprobada en mayo de 2002 y había obtenido el apoyo de la mayoría de los cabildos de los municipios sonorenses, como se establece en la ley para que después sea publicada en el boletín oficial a fin de que entre en vigor.
De acuerdo con Mónica Soto Elízaga, quien con otras organizaciones de mujeres, participaron en los foros que se montaron para realizar sus propuestas de reformas electorales, los diputados de la legislatura anterior no enviaron al gobernador de entonces, Armando López Nogales, la ley para que se publicara porque ya estaba en puerta en proceso electoral del 2003.
El acuerdo que tomaron los legisladores fue enviar esta ley aprobada una vez que concluyera el proceso electoral que culminó el día último de agosto pasado.
Así lo hicieron y el último día de su período, el entonces presidente de la cámara, el diputado priista Jesús Enríquez Burgos, la envió la ley al Gobierno del Estado para que se publicara en el Boletín Oficial.
Sin embargo, con oficio firmado el 29 de septiembre pasado por Eduardo Bours y Bulmaro Pacheco deciden no publicar la ley y la devuelven al Congreso del Estado.
Jesús Bustamante Machado afirmó que este acto significa una violación a la Constitución Política de Sonora, porque el gobernador no tiene derecho a vetar una ley como la que se le envió para su publicación en el Boletín Oficial.
La complicidad de diputados del PRI y PAN
Y para colmo, ese oficio enviado por Bours Castelo y Pacheco Moreno fue leído en el pleno del congreso del estado.
Y para Bustamante Machado, la acción del Poder Legislativo también significa un rompimiento del orden constitucional, porque decidió turnarla a comisiones, como se hace con cualquier iniciativa que apenas se va a empezar a tramitar.
El argumento que utilizó el gobernador del estado y su secretario de gobierno lo puntualizan en el oficio que enviaron al Congreso: “La reforma a la legislación electoral debe ser integral, para satisfacer los reclamos de la ciudadanía en general, sin que sea acotada por las reformas constitucionales que en el pasado pudieron ser adecuadas, bajo circunstancias imperantes, pero que en este momento deben volver al foro de la opinión pública para que sea ésta quien las confirme…”
Sobre este punto, Bustamante Machado reviró: “todos podemos dar misa sobre reformas electorales integrales. Lo que importa aquí es que la ley 151 aprobada por el Congreso del Estado y por la mayoría de los cabildos sonorenses, debió ser publicada en el Boletín Oficial. De acuerdo a la ley, el gobernador no tuvo, ni tiene el derecho de vetar la publicación de una ley. Si lo hace, como lo hizo, en términos jurídicos violó la constitución y puede dar motivos para abrir un juicio político de responsabilidad.
Ante la evidencia del rompimiento legal, el gobernador se tuvo que retractar y retiró el veto a la publicación de la ley. La ley se publicó
Pleito de familia
Desde que llegó a la gubernatura, Eduardo Bours dio muestras de que venía duro contra el ex gobernador Armando López Nogales. Se esforzaría por encontrar culpables. ¿De qué? De lo que sea, con el afán de legitimar su mandato.
Y sacó a flote una serie de pensiones vitalicias que otorgó el ex gobernador López Nogales, para cinco ex secretarios y 32 funcionarios de su administración, cuya lista es encabezada por el ex secretario de gobierno, Genaro Encinas Ezrré.
Y desde que dieron a conocer ese hallazgo, Bours puntualizó que les darían “patrás”.
Le dio reversa a unas. Y el gobernador aprovechó el espacio para anunciar una serie de reformas a la ley de premios y compensaciones, no sin antes poner en la hoguera a los ex secretarios de Gobierno, Genaro Encinas Ezrré, al de educación, Víctor Galindo Sánchez, al ex contralor, Héctor Guillermo Valderrama, cuyo caso destapó la cloaca de las vendetas políticas contra algunos ex funcionarios lopeznogalistas.
Sacaron a flote la existencia de alrededor de 400 plazas de aviadores.
Y entre los pensionados se encontró a Miguel Ángel Cortés, quien tiene un adeudo mucho mayor en San Ignacio Río Muerto, al ex jefe de la Policía Judicial del Estado, Manuel Emilio Hoyos, que apuntaban que presumiblemente Bours se lanzaría contra todo lo que olfateara a corrupción, bajo la bandera de que él medirá peso por peso en su administración.
Asunto arreglado
Pero esos ímpetus de Bours de “rascarle” al ex gobernador, quedaron apaciguados desde el momento en que Armando López Nogales quedó al frente de la secretaría del consejo Político Nacional del PRI. Su oficina –se dice- se encuentra a un lado de la oficina del dirigente nacional, Roberto Madrazo Pintado y representa una de las importantes posiciones de Beltrones Rivera.
El mismo gobernador dijo a los reporteros que prefiere mirar padelante, no patrás, en referencia al pasado inmediato: la herencia de López Nogales.
Pero más allá de las simples declaraciones, el gobernador Bours Castelo reconoció implícitamente el fuero político de López Nogales, con su nombramiento en el Consejo Político Nacional. Y con ello, se espera que se calmen las denuncias contra el ex mandatario.
José Luis Jara
Al gobernador Eduardo Bours le encantan las cámaras. Se deja entrevistar, se deja querer por los reporteros, a quienes saluda hasta por el sobrenombre y con un grito muy sonorense.
Así es él. Declara en las ruedas de prensa y –ni se diga- en las banquetas. Llegó como el dueño de la pelota, los guantes y el bat.
Pero detrás de sí, Bours Castelo viene arrastrando una cortina de polvo donde se ocultan sus antecedentes nada agradables para el gobernador extraído del PRI.
En el olvido pretende dejar los grandes negocios que realizó Eduardo Bours, cuando era el dirigente del Consejo Nacional Agropecuario, con los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León como fue la famosa creación del “Barzón de los ricos”, que degeneró posteriormente en el famoso Fobaproa.
Como archivo muerto también quiere dejar su participación en el famoso caso del Pemexgate, cuando fue el encargado de los ingresos para invertir en la campaña de su amigo Francisco Labastida Ochoa, por la Presidencia de la República.
Y mucho menos, quiere dejar enterrado la manera en que conquistó la gubernatura: con dinero y mucho más dinero, sobrepasándose a la ley en los topes de campaña y un operativo que nadie se atreve a cuestionar, donde el 6 de julio se convirtió en los hechos, en el día del mapache electoral.
Y cuando Bours Castelo llegó a los dos meses de su administración, desde Miami se le recordó otro antecedente: se le invitó a declarar como testigo ante la corte de Estados Unidos por el caso de la venta de Del Monte en 1996.
Las pifias como gobernador
Ya como gobernador, la cosecha de errores ha convertido a las pifias en la moda gubernamental.
La primera de ellas se dio a unas horas de asumir el poder: la sospechosa rapidez con que actuó la Procuraduría de Justicia para detener al alcalde electo de Benito Juárez.
La segunda, con en el nombramiento del representante de las personas con discapacidad en el consejo del DIF.
La persona electa de inmediato fue acusada de fraude y el Gobierno del Estado tuvo que recular. El secretario de Gobierno, Bulmaro Pacheco Moreno se vio en la necesidad de actuar para evitar la primera manifestación pública contra el gobernador Bours y negoció con ellos un nuevo nombramiento.
La tercera se dio con el caso del dengue. La más grave porque aquí se involucra la salud de centenares de personas, sobre todo del sur del Estado, a quienes la fracción cuarta del Artículo Cuarto de la Constitución Política de México viene siendo un reclamo popular y no un derecho constitucional.
La cuarta y que le provocó abrir un frente de batalla con el viejerío –como lo dijo Diego Fernández de Cevallos al referirse a las organizaciones de mujeres- fue cuando trató de vetar la publicación de la Ley 151, a pesar de que no tiene facultades para ello.
El veto lo retiró y Bours Castelo respondió que “si esa ley es la que quieren, con esa me quedo”.
La quinta se dio con unas declaraciones que hizo el gobernador sobre la eliminación de las diputaciones plurinominales, donde habló pensando que eso lo iba a impulsar en el Congreso del Estado, cuando ese caso sólo lo pueden resolver los diputados federales.
La sexta, cuando se sumó a la propuesta de la diputada federal del PRI, Elba Esther Gordillo, para que se aplique IVA a alimentos y medicinas.
La séptima ocurrió cuando el gobernador Burs y Bulmaro Pacheco firmaron unos documentos para solicitar dos créditos, que a final de cuentas se los aprobaron. La pifia fue que por la falta de oficio y de formalidad jurídica, las peticiones las hicieron mal y los diputados la tuvieron que devolver al ejecutivo para la corrección de los errores.
Ya con esta pifia, la sospecha de quién es el responsable de tantos errores creció a niveles sospechosos: Si la culpa era del gobernador o de sus asesores que no le advierten de las cosas.
Y la última pifia, fue por reincidencia, en el caso del dengue. El Congreso del Estado volvió a citar al secretario de salud a que informara a la Comisión de Salubridad sobre los avances del combate al dengue.
Pero el estilo del Gobierno del Estado fue el mismo de su gobernador: opacar las denuncias con informes del secretario de Salud.
Los frentes abiertos
A los días en que Eduardo Bours llegó a la gubernatura empezó con problemas con el Poder Legislativo. Pretendió vetar la publicación de una ley aprobada por la legislatura anterior y por la mayoría de los cabildos sonorenses.
Se trató de la Ley 151 que se encuentra relacionada con reformas electorales para Sonora relacionadas con los derechos de equidad y de género en la vida política, una profundización de la ciudadanización del Consejo Estatal Electoral y que le quita la facultad al Congreso del Estado a calificar la elección del gobernador, entre otras.
El diputado perredista Jesús Bustamante Machado puntualizó que la acción de Bours Castelo de no publicar una ley aprobada por el Congreso y por la mayoría de los cabildos de los municipios sonorenses, significa un rompimiento del orden constitucional.
La historia de la acción ilegal del actual gobernador inició el 29 de septiembre pasado. Ese día, tanto el gobernador como su secretario de gobierno, Bulmaro Pacheco Moreno enviaron un oficio al congreso del Estado donde señalan que “me permito hacer puntual devolución de la misma sin publicar”.
Hablan de la ley 151 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, misma que envió la legislatura anterior al gobierno del estado para su publicación.
Esta ley ya había sido aprobada en mayo de 2002 y había obtenido el apoyo de la mayoría de los cabildos de los municipios sonorenses, como se establece en la ley para que después sea publicada en el boletín oficial a fin de que entre en vigor.
De acuerdo con Mónica Soto Elízaga, quien con otras organizaciones de mujeres, participaron en los foros que se montaron para realizar sus propuestas de reformas electorales, los diputados de la legislatura anterior no enviaron al gobernador de entonces, Armando López Nogales, la ley para que se publicara porque ya estaba en puerta en proceso electoral del 2003.
El acuerdo que tomaron los legisladores fue enviar esta ley aprobada una vez que concluyera el proceso electoral que culminó el día último de agosto pasado.
Así lo hicieron y el último día de su período, el entonces presidente de la cámara, el diputado priista Jesús Enríquez Burgos, la envió la ley al Gobierno del Estado para que se publicara en el Boletín Oficial.
Sin embargo, con oficio firmado el 29 de septiembre pasado por Eduardo Bours y Bulmaro Pacheco deciden no publicar la ley y la devuelven al Congreso del Estado.
Jesús Bustamante Machado afirmó que este acto significa una violación a la Constitución Política de Sonora, porque el gobernador no tiene derecho a vetar una ley como la que se le envió para su publicación en el Boletín Oficial.
La complicidad de diputados del PRI y PAN
Y para colmo, ese oficio enviado por Bours Castelo y Pacheco Moreno fue leído en el pleno del congreso del estado.
Y para Bustamante Machado, la acción del Poder Legislativo también significa un rompimiento del orden constitucional, porque decidió turnarla a comisiones, como se hace con cualquier iniciativa que apenas se va a empezar a tramitar.
El argumento que utilizó el gobernador del estado y su secretario de gobierno lo puntualizan en el oficio que enviaron al Congreso: “La reforma a la legislación electoral debe ser integral, para satisfacer los reclamos de la ciudadanía en general, sin que sea acotada por las reformas constitucionales que en el pasado pudieron ser adecuadas, bajo circunstancias imperantes, pero que en este momento deben volver al foro de la opinión pública para que sea ésta quien las confirme…”
Sobre este punto, Bustamante Machado reviró: “todos podemos dar misa sobre reformas electorales integrales. Lo que importa aquí es que la ley 151 aprobada por el Congreso del Estado y por la mayoría de los cabildos sonorenses, debió ser publicada en el Boletín Oficial. De acuerdo a la ley, el gobernador no tuvo, ni tiene el derecho de vetar la publicación de una ley. Si lo hace, como lo hizo, en términos jurídicos violó la constitución y puede dar motivos para abrir un juicio político de responsabilidad.
Ante la evidencia del rompimiento legal, el gobernador se tuvo que retractar y retiró el veto a la publicación de la ley. La ley se publicó
Pleito de familia
Desde que llegó a la gubernatura, Eduardo Bours dio muestras de que venía duro contra el ex gobernador Armando López Nogales. Se esforzaría por encontrar culpables. ¿De qué? De lo que sea, con el afán de legitimar su mandato.
Y sacó a flote una serie de pensiones vitalicias que otorgó el ex gobernador López Nogales, para cinco ex secretarios y 32 funcionarios de su administración, cuya lista es encabezada por el ex secretario de gobierno, Genaro Encinas Ezrré.
Y desde que dieron a conocer ese hallazgo, Bours puntualizó que les darían “patrás”.
Le dio reversa a unas. Y el gobernador aprovechó el espacio para anunciar una serie de reformas a la ley de premios y compensaciones, no sin antes poner en la hoguera a los ex secretarios de Gobierno, Genaro Encinas Ezrré, al de educación, Víctor Galindo Sánchez, al ex contralor, Héctor Guillermo Valderrama, cuyo caso destapó la cloaca de las vendetas políticas contra algunos ex funcionarios lopeznogalistas.
Sacaron a flote la existencia de alrededor de 400 plazas de aviadores.
Y entre los pensionados se encontró a Miguel Ángel Cortés, quien tiene un adeudo mucho mayor en San Ignacio Río Muerto, al ex jefe de la Policía Judicial del Estado, Manuel Emilio Hoyos, que apuntaban que presumiblemente Bours se lanzaría contra todo lo que olfateara a corrupción, bajo la bandera de que él medirá peso por peso en su administración.
Asunto arreglado
Pero esos ímpetus de Bours de “rascarle” al ex gobernador, quedaron apaciguados desde el momento en que Armando López Nogales quedó al frente de la secretaría del consejo Político Nacional del PRI. Su oficina –se dice- se encuentra a un lado de la oficina del dirigente nacional, Roberto Madrazo Pintado y representa una de las importantes posiciones de Beltrones Rivera.
El mismo gobernador dijo a los reporteros que prefiere mirar padelante, no patrás, en referencia al pasado inmediato: la herencia de López Nogales.
Pero más allá de las simples declaraciones, el gobernador Bours Castelo reconoció implícitamente el fuero político de López Nogales, con su nombramiento en el Consejo Político Nacional. Y con ello, se espera que se calmen las denuncias contra el ex mandatario.
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